El segundo juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Subzona 14 durante la dictadura arrancó en un clima de época cruzado por la confrontación de diferentes concepciones políticas que disputan sobre la memoria colectiva. En el primer proceso de 2010 se vivió un contexto similar, pero era un momento político muy distinto.
Esta disputa se juega en dos planos: dentro del juicio entre cuatro paredes y afuera en la sociedad, en los medios que cubren sus alternativas como son los posicionamientos públicos de los protagonistas -además del debate propiamente dicho- y en cómo la gente percibe y se posiciona frente al tema. La batalla por la memoria colectiva y sus formas no es una cuestión teórica, sino que se desarrolla aquí y ahora. La consideración sobre el juicio deja paso de esta manera a la cuestión jurídica para pasar al terreno de un debate más amplio sobre los DDHH y las posturas políticas actuales.
El protagonista y lo turbio
El protagonista central de este juicio es el excoronel Luis Enrique Baraldini, que le da a este debate una relevancia mayor de la que tuvo el de 2010, más allá de la cantidad de hechos que se tratan que llegan a los 240 por sobre los 28 del anterior. Baraldini fue el jefe operativo del grupo de tareas y el ícono, la cara visible, del terrorismo de Estado, indica el secretario de DDHH, Antonio Curciarello. Fue quien tuvo el poder de detener y torturar, y lo usó, en La Pampa. Otro excoronel, que le escapó al enjuiciamiento por su estado de salud, Fabio Iriart, fue su jefe y el mandamás en toda la Subzona 14. Iriart fue, como sucesor del excoronel Ramón Camps, el verdadero artífice de la represión, como precisa Juan Carlos Pumilla. Y Baraldini su ejecutor. La firma de Iriart estaban en las órdenes escritas, las botas de Baraldini son las que se recuerdan en los allanamientos o en las salas de tortura.
Pero el peso de Baraldini no es solo histórico. La política ha metido la cola directamente en el juicio y en su desarrollo. Hay intereses en juego detrás de cualquier cuestión técnica y la figura de Baraldini sirve como argumento para sus reclamos a quienes a nivel nacional piden por la liberación de los represores presos o procesados. Los defensores de Baraldini son su yerno, dirigente del PRO pampeano, y un ex carapintada, acusado en su momento de supuestamente matar a un soldado durante un levantamiento militar. El juicio es atacado y su proceso se quiere enturbiar: la defensa de Baraldini acusó y denunció de secuestro a los jueces porque no le dieron la prisión domiciliaria, presiona hasta con malos tratos al personal y en la última escalada habló de que se trata de "una causa política" y mostró las elogiosas consideraciones que los dueños de los dos diarios santarroseños le hicieron al exmilitar en 1979.
El peso del clima de época
En esta avanzada de la defensa no solamente hay más preparación y otro ánimo que en el juicio anterior. Tiene su peso el clima de época que se está viviendo. Las circunstancias políticas y sociales actuales son muy diferente al primer juicio histórico de 2010. En ese entonces la política de derechos humanos estaba vigente, y más allá de su uso político por parte del gobierno kirchnerista, se había convertido en una política de Estado. Con la asunción de Mauricio Macri estos aires fueron cambiando. Si bien hubo tendencias puestas en marcha por la gestión anterior que no se pudieron revertir porque se consideraron avances y fueron apropiadas por la sociedad como valores -un Estado de amplia presencia, políticas de inclusión y ampliación de derechos, sensibilidad con temáticas como la violencia de género o la trata de personas-. Y con la política de DDHH ocurrió algo similar. Desde el gobierno nacional no se la clausuró, pero hubo frenos. No fueron casualidades las voces de funcionarios que intentaron poner en tela de juicio estos procesos, la negación del número de 30 mil desaparecidos, de que no se trató de un genocidio o de concebir la represión ilegal como una "guerra sucia".
Hay un proceso general en ese sentido de retracción. No es que no haya juicios en marcha. A mediados de año había una docena en provincias como Mendoza, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba o San Juan, si bien en su mayoría venían de mucho antes. Pero se advierte, como lo hace la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que durante el último año "se han profundizado" las postergaciones en la elevación a juicio oral y la conclusión de los expedientes por crímenes de la dictadura. En la gestión de Macri hubo menos juicios, menos fallos y más demoras en las causas. Algunas voces, como la del periodista Horacio Verbitzky, afirman que el gobierno nacional se propone acelerar la regresión en materia de DDHH después de las elecciones de octubre.
La memoria atrapada en el ahora
Este clima de época le fue quitando espesor de la agenda pública al proceso de memoria, verdad y justicia -los juicios propiamente dichos-. Y el clima electoral no ayuda. Se debe advertir que en un momento en el que todo tema se politiza y polariza, la "grieta" juega su poder reduccionista en cualquier problemática donde confronte el gobierno macrista y el kirchnerismo. Como ocurrió con cuestiones como los paros docentes hasta los subsidios en los servicios, los juicios pueden caer en ese debate, más allá del peso jurídico e histórico sobre los hechos investigados, que relativice su desarrollo y su conclusión.
A pesar de la magnitud del juicio por la cantidad de víctimas y de acusados, este debate tiene diferencias con el primero. El de 2010 fue en un clima de promoción de los juicios, condena al Terrorismo de Estado y de reivindicación de las víctimas. Si bien toda la sociedad no acompaña estos juicios, hubo una amplia cobertura sobre los casos tratados. En 2010 todo el debate estuvo más concentrado en apenas unos meses al ser menos hechos. Esta vez se prolongará durante un año, atentando esa extensión con la atención puesta en el juicio.
La promoción de los DDHH como política de Estado, la búsqueda de memoria, verdad y justicia, son avances que no deberían caer en la politización electoral presente. Como el caso Santiago Maldonado, su desaparición no debe servir como argumento de un sector para plantarse frente a otro, sino que debe ser una preocupación de todos que una fuerza de seguridad pueda llegar a emplear estas metodologías en democracia. En las nuevas generaciones este proceso de memoria, verdad y justicia se ha hecho carne y es parte de sus valores. Sin embargo, esto no significa que en la sociedad todavía se dispute, como parte de la contienda política actual, sus significados.
