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Comenzó el segundo juicio por las torturas y detenciones ilegales de la última dictadura militar

  • Foto del escritor: La Pampa
    La Pampa
  • 29 ago 2017
  • 4 Min. de lectura

SUBZONA 14: LEEN LAS ACUSACIONES

Se movilizan organismos de Derechos Humanos. Juzgan delitos de lesa humanidad cometidos contra 234 víctimas. Sentado en el banquillo, el exjefe de Policía Luis Baraldini, antes prófugo.

En el auditorio del Colegio de Abogados se inició este martes el segundo juicio por las torturas y detenciones ilegales cometidas a partir del 24 de marzo de 1976 durante la última dictadura militar en La Pampa. Están acusados 2 militares y 13 policías pampeanos, por las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de 234 víctimas.

El tribunal que lleva a cabo el juicio estará integrado por los jueces Mario Triputti, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava. Alejandro Adrián Silva será el cuarto juez, suplente. La Fiscalía, en tanto, es representada por el fiscal general de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro.

El debate es el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en la capital de la provincia de La Pampa, siete años después del que culminara con las condenas a ocho expolicías provinciales y a un exmilitar por la privación ilegal de la libertad de 28 víctimas entre 1976 y 1978.

Los crímenes que se juzgan en este proceso fueron cometidos antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El comando de la Subzona 14 estaba en el Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 de la localidad pampeana de Toay. En efecto, de acuerdo con la acusación fiscal, que será leída hoy en el comienzo del debate, las detenciones ilegales que se juzgarán fueron perpetradas entre 1975 y 1982 en distintas localidades de la provincia de La Pampa.

Los lugares donde se mantuvo cautiva en forma clandestina a las víctimas fueron las comisarías Primera (esq. de avenida Belgrano y Padre Buodo) y Segunda (en la intersección de las calles Raúl B. Díaz y Río Negro); la Brigada de Investigaciones y la Jefatura de Policía de Santa Rosa (en la intersección de las calles Pellegrini y Alem); la Delegación local de la Policía Federal Argentina (en la intersección de las calles Pellegrini y Juan B. Justo); la Comisaría Primera de General Pico; la Comisaría y el Puesto Caminero de Jacinto Arauz; la Comisaría de Catriló; el Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 101 del Ejército en Toay y las unidades carcelarias 4 (Colonia Penal) y 13 (Rivadavia y Alsina) del Servicio Penitenciario Federal.

El principal centro clandestino de detención de la Subzona 14 fue la comisaría primera de Santa Rosa. En la planta alta de ese edificio funcionaba la Unidad Regional I, donde un grupo policial de tareas, conocido como “grupo de trabajo”, interrogaba y torturaba a prisioneros y prisioneras, quienes se encontraban privados de su libertad en la seccional o en otros centros de detención, incluidas las cárceles federales 4 y 13.

El “grupo policial” de la Unidad Regional I fue creado formalmente en 1976, aunque funcionaba al menos desde la subordinación de la Policía provincial al Ejército refrendada en octubre de 1975 por el entonces jefe de la Subzona 14 Ramón Juan Alberto Camps. Es el mismo que tuvo a su cargo la conducción de la Policía bonaerense luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. A este juicio llegan acusados varios de los jefes e integrantes de aquél grupo policial.

Hay tres acusados que quedaron fuera del juicio por razones de salud. Se trata del ex segundo jefe del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 de Toay, Carlos Alfredo Sabbatini (88); y de los expolicías, Omar Aguilera (79, exjefe de Operaciones) y el exoficial de la comisaría de la localidad de Jacinto Arauz, Miguel Gauna (80).

Los acusados son el excoronel y ex secretario general de la Gobernación, Néstor Omar Greppi (74); el exmayor del Ejército y exjefe policial pampeano, Luis Enrique Baraldini (78); los exmiembros de la Policía provincial asignados al “grupo de trabajo” del comando de la Subzona 14: Roberto Oscar Fiorucci (77), jefe de inteligencia; y los exoficiales Carlos Roberto Reinhart (66), Antonio Oscar Yorio (71), Néstor Bonifacio Cenizo (61), Hugo Roberto Marenchino (72), Oscar Alberto López (73) y Athos Reta (80), el exagente Orlando Osmar Pérez (68); los exoficiales de la comisaría primera de Santa Rosa, Miguel Ángel Ochoa (65) y Jorge Osvaldo Quinteros (68); el exoficial de las comisarías de Toay y de la primera de Santa Rosa, Juan Domingo Gatica (69); el exoficial del Departamento de Informaciones policiales, Luis Horacio Lucero (64); y el ex médico policial Máximo Alfredo Pérez Onetto (71).

La acusación es por asociación ilícita, detenciones ilegales y torturas. Los abogados de las querellas son Franco Catalani (patrocinante de la UNLPam y de Juan Carlos Pumilla, Élida Rodríguez Jara de Perna, Rafael Guardia, Guillermo Quartucci y Graciela Bertón, y apoderado del Partido Comunista La Pampa y el Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos) y Juan Resia (patrocinante de Raquel Barabaschi). Una tercera querella de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre renunció a la acción judicial.

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