Los legisladores en la Cámara Alta respaldaron la nueva demanda de la Provincia: “Nos opondremos terminantemente a que sus mezquindades las terminen soportando los pampeanos. Es otra medida persecutoria”.
Los representantes pampeanos en el Senado decidieron plantarse ante la ofensiva del gobierno nacional para imponer una reforma previsional que ajuste las jubilaciones en La Pampa. Advirtieron la existencia de “otra persecución” y respaldaron la decisión provincial de iniciar una demanda para que se pague la deuda.
Los pampeanos Norma Durango y Daniel Lovera rechazaron absolutamente la pretendida “multa”: presentaron un proyecto que requiere al Poder Ejecutivo Nacional que se “abstenga de aplicar multas u otras penalidades no previstas en los convenios respectivos, y/o ejercer cualquier forma de avance sobre la autonomía de la provincia de La Pampa para que ésta reduzca los haberes jubilatorios actuales o futuros de sus cajas previsionales o se adhiera al sistema de movilidad previsional nacional”.
Los legisladores, de ese modo, se sumó a la ofensiva del gobierno provincial para resistir una suerte de “apriete” de la Nación a fin de que La Pampa se sume a la llamada “armonización”.
Durango pidió además que se “ordene el pago de los montos adeudados a la Provincia de La Pampa en virtud de las obligaciones asumidas oportunamente por la Nación para cubrir los déficits de los años 2009 al 2014 -en estos casos con la excusa de no haber realizado la auditoría- y 2016, de los Regímenes de Previsión Social para el Personal Civil y Docente de la Provincia y del Sistema de Retiro del Personal Policial”.
“Indignación”
“Con indignación las y los pampeanos hemos tomado conocimiento de la imposición de la multa de más de trescientos millones de pesos con que las autoridades nacionales pretenden avasallar nuestra autonomía previsional. La infracción que con desparpajo se nos reprocha, consistiría en que La Pampa no redujo los haberes que otorgan y abonan sus Cajas Previsionales ni aplica el cálculo de movilidad que rige para los jubilados y pensionados nacionales”, plantea la iniciativa.
En la fundamentación, los senadores dicen que “el proceder del gobierno nacional no pudo haber sido más infundado y arbitrario, no sólo por la concepción del federalismo que le delata, sino porque además, y principalmente, es la Nación la que le adeuda a La Pampa los montos a los que se comprometiera para compensar los déficits de sus cajas jubilatorias”, explicó Durango.
Agregó que “el origen de esa deuda se remonta al intento de privatización del sistema jubilatorio nacional que significó la implementación del Régimen de Capitalización. Si bien no cuestionamos la decisión que, por aquel entonces, llevó a algunas provincias a transferir sus cajas, hoy valoramos especialmente la negativa de nuestra provincia, en aquel momento gobernada por el Rubén Marín, a la entrega de nuestro sistema previsional”, recordó a modo de elogio al exjefe del Ejecutivo.
Durango historió: “Más tarde, a partir de 1999, se suscribió y ratificó por las leyes nacionales N° 25235 y 25400, el Compromiso Federal por el que la Nación se comprometió a financiar los déficits de las cajas jubilatorias provinciales no transferidas, principalmente causados por la edad a la que accedía a la jubilación el personal policial”.
“En el año 2006, siendo ya presidente de la Nación Néstor Kirchner y gobernador de La Pampa, Carlos Verna, se celebró un acuerdo por el que la Nación se comprometió a financiar el déficit total de la caja policial pampeana y el 75 % de las cajas docente y civil. Cabe recordar -citó- que la provincia de La Pampa abona haberes jubilatorios mayores al sistema nacional, pero la diferencia, de acuerdo a las normas vigentes al 6 de diciembre de 1999, las abona el Sistema Provincial, habiendo creado un Fondo Complementario a fin de abonar el 7% para llegar al 82% móvil”.
Pero desde 2009, sin embargo, Nación se atrasó con las remisiones a su cargo, pasando a deberle a La Pampa una suma que se estimaba en alrededor de 4000 millones de pesos, recordó el proyecto.
“Para compensar esa deuda, el actual gobierno nacional comenzó a realizar auditorías que determinarían los montos adeudados, las que se iniciaron sobre los períodos anuales 2015 y 2016. Así, se canceló en tres cuotas la sumacorrespondiente a 2015 y se adelantaron 400 millones sobre la que surgiera de 2016, restando aún 431 millones por ese período”, añadió.
“El reclamo de este último monto, sin embargo, motivó inexplicablemente la reciente imposición a la provincia de una multa por 332 millones, fundándose en la no disminución de los haberes jubilatorios provinciales y en la no adhesión a los criterios de movilidad que se aplican en el ámbito nacional”, añadió.
