Horacio Di Nápoli estuvo en los Tribunales de General Pico. Se toman las muestras de ADN de los condenados y se suman a sus datos personales. De todos los procedimientos realizados, en un solo caso hubo dificultades.
El registro que agrupa a las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual en La Pampa, creado por ley provincial 2547 en el año 2009, está en su etapa final de carga de datos genéticos, según destacó ayer su responsable, el secretario de la Procuración General, Horacio Di Nápoli. En la provincia, la única del país donde funciona el mecanismo que meses atrás generó polémica cuando se impulsó la normativa nacional, contiene a 300 personas, de las cuales 220 ya figuran con ADN y otros datos de uso exclusivo de los fiscales.
Horacio Di Nápoli estuvo ayer en los Tribunales de esta ciudad y se refirió a los avances del registro que tiene a su cargo.
Recordó que el sistema lleva en funcionamiento hace poco más de dos años y explicó que contiene “un registro de carga genética de los condenados con sentencia firme de la provincia de La Pampa, la foto de cada uno de ellos, el domicilio donde vivió la última vez, el domicilio donde vive actualmente y el domicilio donde ocurrieron los hechos”.
Detalló que en la actualidad “tenemos cargados con muestra genética alrededor de 220 y nos están faltando 70 cargas”. Y destacó que ya fue utilizado con resultados positivos en “uno o dos casos”.
Di Nápoli señaló que “al condenado con sentencia firme le hacemos la extracción de sangre, que va al banco genético que tenemos trabajando en la provincia en la órbita de la Procuración General, y ahí queda guardado con un código que guarda relación con la foto y con la huella dactilar que nosotros tenemos en el registro”.
Aclaró que el mismo “no es público, es estrictamente confidencial y sirve para la investigación de los fiscales”.
A modo de ejemplo, el funcionario judicial indicó que al momento de producirse un hecho, en primer lugar se establece el lugar de la desaparición y violación de la persona y se coteja con las direcciones de los violadores registrados. Y remarcó: “Si tenemos de cada uno de los delitos una extracción de ADN, inmediatamente se hace un cotejo con el banco de ADN que tenemos funcionando y en cuestión de un día podemos saber quién es el responsable, si lo tenemos cargado en el registro”.
Implementación
El secretario de la Procuración General recordó que “esta ley fue promovida por el hoy vicegobernador Mariano Fernández, se aprobó, nosotros nos encargamos de ponerlo en funcionamiento, de armar el mapa de georreferencia que hay que ir actualizándolo permanentemente para saber dónde están viviendo. Ellos (por los violadores), cuando le vamos a sacar la muestra de sangre, están sabiendo la existencia de este registro, las víctimas lo deben saber”.
Sobre los 70 abusadores faltantes, Di Nápoli justificó que “yo voy personalmente con la bioquímica a hacer la extracción y llevo personalmente la muestra al banco, para no obstaculizar a nadie en la cadena y que esa muestra no sea cuestionada. Como yo voy a toda la provincia, porque tenemos muchos condenados en libertad condicional, tengo que ir a distintas localidades, estamos por complementarlo en el curso de tres semanas”, adelantó.
Sobre la reacción de los condenados a la hora de solicitarles la muestra de sangre, Di Nápoli observó que “acceden voluntariamente en el 95% de los casos, no se podrían negar, pero bueno, eso es una cuestión de la defensa”. Y aclaró que hasta el momento “de todos los que sacamos, uno solo tuvo problemas”.
También reveló que en el registro “hay mujeres, el porcentaje es menor, pero están incluidas por corrupción de menores y lo que está dentro del capítulo (del Código Penal)”. Y remarcó que su trabajo comienza en todos los casos cuando las condenas de primera instancia ya fueron ratificadas por el TIP, Superior Tribunal de Justicia y Corte Suprema de Justicia.
