La semana que viene darán a conocer los fundamentos. El mismo monto le aplicaron -tal como había pedido el fiscal- a un comisario y al dueño del prostíbulo.
El intendente de Lonquimay, Luis Rogers, fue condenado este miércoles a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos como partícipe necesario del delito de trata de personas en el cabaré de Lonquimay, Good Night. Al mediodía, el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa dio lectura al fallo unánime, que rechazó los pedidos de nulidad que habían hecho las defensas. El jefe comunal podrá seguir en libertad y en la función pública porque el fallo no está firme y tiene posibilidad de apelar.
El dueño del cabaré, Carlos Javier Fernández, fue condenado a la pena de 5 años de prisión y una multa de 50 mil pesos, además de inhabilitación absoluta. El subcomisario Carlos Alaniz también fue condenado a cinco años de prisión como partícipe secundario.
Por otra parte, los jueces condenaron a Eduardo Mauricio Fernández como partícipe secundario a dos años de prisión en suspenso y por la misma pena a Brian Saxs. Eran encargados del cabaré.
El Tribunal Oral Federal anunció que el miércoles 5 de julio se darán a conocer los fundamentos de la sentencia. El tribunal está conformado por los jueces Marcos Aguerrido, José Triputti y Pablo Díaz Lacava. A la lectura del fallo solo concurrió uno de los condenados: el dueño del local, Carlos Fernández. Rogers y los demás solo estuvieron representados por sus defensores.
La lectura del veredicto fue al mediodía. El juicio había comenzado el pasado 23 de mayo. La condena coincidió con el pedido del fiscal Jorge Bonvehí. Durante el debate, declararon seis víctimas. A tres mujeres consideradas víctimas no pudieron encontrarlas y, por lo tanto, no dieron testimonio durante el juicio.
El fallo rechazó las nulidades que habían solicitado las defensas, que habían requerido la absolución. El abogado Sebastián País Rojo defiende a Rogers; Juan Carlos de la Vega y Román Fiorucci, a Fernández -que declaró desoyendo el consejo de los letrados-, y Boris Vlasich patrocina al policía Alanís. Además, Hernán Danci representa a Saxs y la defensora oficial Laura Armagno es la representante de Eduardo Fernández. Se espera que apelen, en todos los casos, el fallo.
Cabe recordar que Bonvehí, en su alegato, dejó claro que Carlos Fernández era el dueño del cabaré, y que tanto Rogers como Alanís “sabían perfectamente lo que allí pasaba y no hicieron nada”. En el caso del policía, que estaba a cargo de la comisaría local, dijo que “garantizaba a los propietarios la sumisión de las mujeres que allí estaban”. También remarcó que las víctimas fueron captadas con “una falsa oferta laboral” y estaban en situación de “extrema vulnerabilidad social”. Además, dio por hecho que los “pases” se hacían en las mismas habitaciones donde dormían las mujeres.
Sobre Rogers, dijo que tuvo “la posibilidad de cesar la actividad ilegal del cabaré, pese a que la habilitación del local era de la Dirección de Estadísticas de la Provincia”. Y resaltó que “se mofó” de una nota del entonces secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes, que alertaba del funcionamiento de estos locales. “Firmó las libretas sanitarias e hizo una vehemente defensa de la actividad del local ante la prensa y ante los concejales del pueblo”, insistió.
El cabaré fue habilitado en 2001 como salón de baile. Pero en 2009, después de dos denuncias, hubo un allanamiento policial y se inició una causa de alto impacto social. Rogers salió en ese momento a defender la actividad del cabaré porque el lugar ofrecía “contención” a camioneros y jóvenes.
Sin embargo, la investigación judicial, después de idas y vueltas, derivó en un procesamiento por trata de personas, a las que se explotaba sexualmente, con la colaboración del jefe policial y el jefe comunal, que garantizaban la habilitación y otorgaban libretas sanitarias a las “coperas”.
