La tasa de encarcelamiento creció un 65,72% en la provincia en los últimos seis años, según un informe de la Defensa Pública. El período coincide con la implementación del nuevo sistema procesal. Los defensores plantean un uso excesivo de la prisión preventiva. Y que se descartan medidas alternativas menos lesivas de los derechos humanos de los detenidos.
Un informe de la Defensoría General de la provincia, a cargo de Eduardo Aguirre, denunció un alarmante crecimiento de la tasa de encarcelamiento en La Pampa en los últimos seis años, plazo coincidente con la puesta en vigencia del nuevo sistema procesal penal, que amplió la oralidad del sistema y puso en manos de los fiscales las investigaciones penales.
Con esta evolución, la tasa de encarcelamiento pampeana quedó por encima de la media nacional y la media mundial. De acuerdo a los primeros datos recogidos por el Ministerio Público de La Defensa en los últimos días, la tasa de encarcelamiento provincial creció 65,72% respecto de la de 2011, cuando se puso en vigencia la reforma judicial.
En un informe del año 2012, la Defensa Pública ya había proyectado un preocupante aumento la población reclusa, que se verificó con los datos actuales. En aquel momento, los defensores asumían que, de mantenerse el incremento sostenido que observaban en ese momento, para 2016 el índice rondaría en un 58,36%. “Esa cifra es casi exacta, aunque se vio superada”, subrayaron en un documento difundido ayer.
Más que la media
Según el informe de la defensoría que comanda Aguirre, a la fecha, los tribunales pampeanos, incluyendo los del fuero federal, tienen bajo su responsabilidad un total de 585 personas privadas de libertad. De ellos, 464 corresponden a los tribunales del fuero ordinario y 330 se encuentran alojadas en alcaidías locales y comisarías, lo que permite establecer el número aproximado de prisiones preventivas.
“De una población total de 318.951 habitantes, podemos contar 183,41 presos por cada 100.000 habitantes. La media mundial es de 144 y la nacional de 161,85, según el informe del SNEEP 2015. Lejos queda una tasa menor a 60 presos cada 100.000 habitantes de principio de siglo”, comparó el informe.
“De una impresión inicial de estos datos, es posible determinar un aumento sostenido del encarcelamiento y un uso excesivo de la prisión preventiva. Esto, opera como correlato de la crisis socioeconómica y cultural que atraviesa nuestro país. Y se traduce en decisiones judiciales que obvian la aplicación de medidas alternativas, propias de un sistema restaurativo de los conflictos, y menos lesivas de los derechos humanos de las personas en conflicto con la ley penal”, advirtió la defensoría.
En materia de niños y niñas en conflicto con la ley penal, en cambio, ocurre lo contrario. En 2011 había 9 adolescentes en el IPESA. Una década y media antes, la población de adolescentes privada de libertad alcanzaba a 36 niñas y niños. Hoy la cifra es de solamente de uno, lo que revelaría, en principio, una adecuación de las autoridades del área a los nuevos paradigmas en materia de Derechos de niñas y niños, según indicó la Defensoría.
“La profundización de estas proyecciones permitiría conocer un extremo de indudable importancia a la hora de proyectar o implementar políticas públicas y reformas legislativas futuras que, problematizando los datos, ofrezcan estrategias consistentes de prevención de conflictos y, en su caso, salidas humanizadas que contradigan las tradicionales formas del sistema punitivo”, concluyó.
