Santa Isabel, Algarrobo del Aguila y Puelches se presentarán como "amigos del tribunal" ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el juicio del río Atuel, confirmó a Diario Textual el procurador Hernán Pérez Araujo. El 14 de junio deberán declarar en una audiencia de conciliación entre La Pampa y Mendoza por el "robo del río". Hablarán de la llamada "diáspora saladina", cuando centenares de familias tuvieron que dejar el lugar porque no llegó más el agua.
Recientemente la CSJN llamó a una audiencia de conciliación. Si no hay acuerdo entre las partes, se iniciará propiamente el juicio.
Los desvíos y cortes del río Atuel –que tenía tres brazos con los que ingresaba al oeste pampeano- se iniciaron en Mendoza a fines del siglo XIX. En 1917, se produjeron nuevos desvíos y cortes. Ya en la década de 1930 hubo nuevos desvíos para atender las prósperas colonias mendocinas de tierras bajo riego, con lo que desapareció el brazo llamado Butaló, que penetraba más de 150 kilómetros en La Pampa. Finalmente, en 1948, con la habilitación del dique El Nihuil –construído por la Nación—se cortó el último de los brazos del río, llamado Arroyo de la Barda, desertificando el sur mendocino y el centro norte pampeano en una superficie del orden de los 5.000 km2.
El río seco trajo aparejado en La Pampa fortísimos impactos ecológicos y humanos. Los ricos humedales desaparecieron y la zona se desertificó.
Los rodeos ovinos y bovinos, criados en las márgenes del río, ya no fueron sustentables por la disminución de su producción. Con el fin del sistema productivo, se produjo el masivo éxodo de la población a centros urbanos, conocida como la "diáspora saladina y atuelina".
En ese marco de la audiencia, diferentes organismos e instituciones se podrán presentar como amigos del tribunal para dar su opinión. Por La Pampa, además de estos tres pueblos, se presentarán la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos. Por Mendoza, en tanto, ya confirmaron la Universidad del Cuyo y la municipalidad de General Alvear.
Los tres pueblos pampeanos podrán hablar de la violación a los derechos humanos de los pobladores y del éxodo y la postergación que están sufriendo desde hace siete décadas.
En el caso de la UNLPam podrá aportar los argumentos de carácter jurídico, técnico y científico vinculados al daño causado a la provincia por la carencia del caudal fluvio ecológico del Atuel. Incluso, las pérdidas económicas: estimó que Mendoza estaba provocando, a fines de 2011 y principios de 2012, al menos una pérdida económica de 100 millones de pesos por el corte del Atuel. Si el caudal fuera relativamente bueno, la pérdida treparía a 570 millones. Esos valores, a cifras actuales, se multiplicarían por varias veces.
La Fuchad, además, llevará al policía retirado Angel Garay, quien en 1947 saltó toda la jerarquía y envió un telegrama al entonces presidente Juan Domingo Perón, en el que alertaba del drama por el corte del Atuel: se estaban muriendo animales y personas.
La respuesta, en enero de 1949, fue la resolución 50/49 de la Empresa de Agua y Energía Eléctrica, que dispuso "la entrega de caudales de las descargas de El Nihuil, por un total de 27,5 hectómetros cúbicos anuales, con destino a bebida de poblaciones y ganado, riego de las praderas naturales y alimentación de presas y lagunas". Pero nunca se cumplió.
En 1979, con una copia de aquel radiograma histórico, La Pampa inició sus reclamos ante la Corte Suprema de Justicia. El tribunal falló en 1987 y consagró la "interprovincialización" del río y llamó a las partes a acordar un uso compartido.
En 2014 –luego de algunos intentos de acordar, como el Protocolo de Entendimiento Interprovincial (PEI) firmado en 1989, el Tratado del Atuel, de 1992, y el Convenio del Atuel de 2008- el Estado pampeano inició una nueva demanda ante la Corte. Unos cuatro años antes, en forma particular, Miguel Palazzani también ya había demandado a Mendoza.
En el planteo del Estado pampeano se incorporaron novedosos elementos de carácter internacional en materia de recuperación y restablecimiento de ecosistemas y humedales. Además, reclamó una indemnización y la creación de un comité de cuenca.
En julio de 2016, dos expertos de la ONU en derechos humanos pidieron a Argentina una solución definitiva al conflicto interprovincial del río Atuel para que se garantice el acceso equitativo al agua y se respeten los derechos de miles de personas afectadas a lo largo de décadas.
