Una multitud abigarrada con diferentes entidades políticas y pertenencias se concentró en la Plaza San Martín y marchó por las calles céntricas en repudio del fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio del 2x1 a un represor, condenado por delitos de lesa humanidad.
Organizaciones de DD.HH., sociales, gremios y partidos políticos expresaron su repudio al fallo de la Corte que liberó, al conmutarle la pena al represor Luis Muiña.
La organización del acto tuvo al Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos como aglutinante. A su alrededor se sumaron diversas organizaciones políticas, gremiales y sociales. Pero además hubo una convocatoria desde el Frente de Izquierda.
La reunión se produjo frente al monumento a San Martín, en la glorieta central. Allí había una enorme bandera con la consigan de “Memoria, verdad, Justicia”. Además otra bandera representaba al Comité por la Liberación de Milagro Sala.
Entre las organizaciones presentes estuvieron el Frente Ciudadano, Nuevo Encuentro, Patria Grande, los partidos del Frente de Izquierda. Entre los gremios se contaron UTELPa Seccional Santa Rosa, el Sindicato de Prensa y ADU (Asociación Docentes Universitarios).
Después llegó la columna del PJ con banderas de Convergencia Peronista (predominaba el naranja) y La Cámpora: esta columna fue la más numerosa. Estaba encabezada por el vicegobernador Mariano Fernández, acompañado por el diputado del Parlasur Nelson Nicoletti, entre otros. También llegaron varios dirigentes del PJ como los diputados Ariel Rauschenberger, Espartaco Marín y Facundo Sola y la secretaria del Consejo de la Mujer, Liliana Robledo. Después, cuando ya se había iniciado la lectura de un documento, hizo su llegada la Corriente Clasista y Combativa.
Entre los dirigentes presentes estuvieron el diputado provincial Luis Solana (PS), la concejala Alba Fernández y el dirigente humanista Juan Esponda, el presidente de la CPE, Oscar Nocetti acompañado por el vice de la entidad Alfredo Carrascal. La UNLPam se hizo presente con sus autoridades encabezadas por el rector Sergio Baudino.
Hubo muchas mujeres y muchos hombres que concurrieron sueltos, sin pertenencia política. Familias enteras con sus hijos. Algunos que llegaron en bicicleta a la Plaza para sumar su repudio. Hubo bombos, redoblantes y consignas y cantos que se repartieron a lo largo de la marcha: el “como a los nazis, les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”, fue uno de los cantitos más repetidos.
Cientos fueron con un pañuelo blanco, al cuello, símbolo de las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo.
Entre los presentes pudo verse al escritor y militante de Derechos Humanos, Juan Carlos “Pinky” Pumilla y a Aldo Tartaglia, hermano de Lucía la joven estudiante pampeana asesinada por la Dictadura Militar.
La marcha -de casi 2.000 personas- fue al juzgado federal de Santa Rosa, llegó hasta la calle Pico y retomó por Quintana-Lagos hasta la calle Gil. La columna del PJ desvió su recorrido en la calle Yrigoyen en dirección a la sede del Partido Justicialista.
Posterior a la marcha se leyó una carta de Raquel Barabaschi de repudio al 2x1, reclamando cárcel a los genocidas.
Fue notoria la ausencia en forma orgánica de los partidos integrantes de Cambiemos en la provincia, a pesar que el Gobierno se pronunció en contra del fallo de la Corte Suprema del 2x1.
Documento central
El documento que leyeron los organizadores antes de la marcha es el que elaboraron los abogados querellantes. Se trató de las conclusiones de las “V Jornadas de abogados y abogadas en causas de crímenes de lesa humanidad”, realizadas en Santa Fe, 5 y 6 de mayo de 2017.
Señalaba el documento que “a la demora en el avance de los procesos judiciales y los problemas estructurales y coyunturales que inhiben el comienzo de los debates o nos conducen a juicios que tienen varios años de duración, y al desmantelamiento, desfinanciación o eliminación de las dependencias estatales de las diferentes carteras que realizaban investigaciones, aportes de información, acompañamiento de testigos, apoyo logístico de los tribunales; este encuentro se vio atravesado por el dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del fallo “Bignone, Benito Reynado y otros s/ Recurso Extraordinario” y el grave impacto que aquel puede tener para los procesos judiciales en marcha y las condenas dictadas a lo largo de estos diez años”.
Afirman que “entendimos que el fallo “Bignone/Muiña” es el último de una serie de resoluciones dictadas por el Máximo Tribunal que debilitan la obligación estatal de prevenir, investigar, castigar y reparar los delitos de lesa humanidad. Los fallos “Fontevecchia”; “Villamil” y “Alespeti”, todos ellos dictados en un plazo de dos meses y medio, implican un retroceso en materia judicial en relación a la persecución penal de los graves hechos del Terrorismo de Estado”.
Remarca el documento que “entendemos que el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, goza de una enorme legitimidad jurídica y social, justamente porque, entre otras razones, se respetaron las garantías de los imputados. Las partes acusadoras en todos los procesos y en todos los debates hemos respetado el principio constitucional de ley penal más benigna. Es por ello, que entendemos que el fallo de la CSJN no se trata solo de una resolución injusta, que no nos gusta o que nos enoja, sino que se trata de una sentencia “ilegal”, y de allí su gravedad, lo que implica un inadmisible paso hacia la impunidad”.
El “Colectivo Mario Bosch” -que se integra con los abogados querellantes- resolvió “presentar un pedido de juicio político contra los magistrados Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por sus votos en el fallo “Bignone, Reynaldo y otros s/ Recurso Extraordinario”, a favor del genocida Luis Muiña, votos que constituyen mal desempeño en sus funciones”.
Recordaron que “en los años 2010 y 2015 todos los bloques de la Cámara de Diputados de la Nación firmaron declaraciones en las que “reafirmaron el compromiso con la continuidad del proceso de Verdad y Justicia como política de Estado de carácter irrenunciable. El texto de la última declaración expresaba “Reafirmar la obligación del Estado de continuar con los juicios de lesa humanidad para conocer la verdad de los hechos y condenar a todos los responsables civiles y militares. Reafirmar el deber del Estado de mantener vivas las políticas de Memoria Verdad y Justicia como garantía de no repetición en nuestra sociedad”, por lo que también INSTAMOS un nuevo pronunciamiento de todos los bloques de ambas Cámaras del Congreso de la Nación en el mismo sentido que los firmados oportunamente”.
El documento cerró: “reafirmamos nuestro compromiso inclaudicable con la Memoria la Verdad y la Justicia.
No nos reconciliamos, no perdonamos, no nos olvidamos”.
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