La Secretaría de DDHH del Gobierno de La Pampa manifiesta su repudio ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que otorga el beneficio del dos por uno en la reducción de la pena a condenados por delitos de lesa humanidad, midiendo con la misma vara, como si se trataran de delitos comunes y no de delitos cometidos a toda la sociedad, que además son imprescriptibles.
Este fallo pudo darse por las condiciones políticas, que desde algunos sectores con responsabilidad institucional, vienen generando y tratando de instalar en el país. Desde declaraciones negacionistas del plan perverso y sistemático de apropiación de menores, tortura, violación, asesinato, desaparición y exterminio que se instaló en la última dictadura cívico militar, hasta decisiones políticas, como el intento de hacer movibles el 23/04 y el 02/04, entre otras.
Asimismo, no resulta inocente la posición de los magistrados Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco, en sintonía con el Gobierno Nacional, quienes se pronunciaron a favor del otorgamiento del beneficio del dos por uno en la reducción de la pena, siendo que los dos primeros fueron elegidos por el presidente Mauricio Macri, quien incluso intentó designarlos por decreto, mientras que Elena Highton de Nolasco, consiguió que el Poder Ejecutivo avalara su permanencia en la Corte Suprema de Justicia.
Este fallo es preocupante, ya que implica un nuevo retroceso en materia de Derechos Humanos, y sienta un precedente que ataca directamente las premisas de Memoria, Verdad y Justicia, además de menoscabar la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado.
Desde el Gobierno de La Pampa, venimos dando definiciones concretas en cuanto a la toma de posición frente a declaraciones o decisiones que se vienen dando en el orden nacional.
Reivindicamos y apoyamos el histórico y actual reclamo de los organismos de derechos humanos, con sus premisas de Memoria, Verdad y Justicia. Desde 1983 que nuestro país ha tenido avances y retrocesos en esta cuestión, y este fallo era claramente previsible, dada las condiciones políticas que se vienen produciendo.
Esa lucha, que encararon y encaran los organismos competentes, es parte de la identidad de nuestro pueblo, por lo que más allá de este fallo adverso y repudiable, se debe continuar y profundizar este camino, en donde la justicia a los responsables del terrorismo de Estado sea efectiva y en concordancia con la gravedad de los delitos cometidos, no solo frente a las personas, sino para con el país entero.
