Ganancias: dirigente se opuso porque decía que la medida era en favor de los trabajadores
Luego de la presentación de las Líneas de Crédito del Banco de La Pampa, el gobernador Carlos Verna abordó varios temas de interés provincial con los medios de prensa.
En primer lugar, y en relación a los créditos, el mandatario pampeano sostuvo que surge a partir del planteo permanente por parte de los municipios de renovar equipamiento “de hecho, en las últimas lluvias hemos estado comprando directamente, a través de Aguas del Colorado, de Vialidad, bombas arroceras para poder derivar agua a los bajos que rodean las localidades; y esta es la posibilidad que se provean ellos mismos y que compren además otro tipo de equipamiento”.
Ganancias e Hidrocarburos
“Los decretos son actos administrativos de los cuales el gobernador se hace responsable, estuvimos analizando el tema desde mediados del año pasado, tomamos la decisión y la hicimos coincidir con la modificación de Ganancias que se impulsó desde el Poder Legislativo.
El antecedente que utilizamos nosotros fue la acordada 56/96 de la Suprema Corte de Justicia, que fue resistida por el Poder Ejecutivo Nacional, que fue consentida por el procurador del Tesoro y que entró en vigencia y decía que no se aplicaba ganancias, o sea que eran deducibles, a los viáticos, movilidades y otras sumas a considerar. La Corte reglamentó esto y, entre las sumas, puso la responsabilidad funcional”, explicó el gobernador.
Recordó que en el caso de La Pampa, el STJ, en el año 2005, mediante resoluciones lo estableció para los empleados del Poder Judicial (que la responsabilidad funcional no paga Ganancias). En la provincia de Santa Cruz, la responsabilidad funcional no paga Ganancias desde el año 1997 “lo puso el ex presidente Kirchner cuando era gobernador”. En el año 2000, en Río Negro se determinó que esta responsabilidad esté exenta de Ganancias y en el 2013, “el actual gobernador Weretilneck estableció que, a través de este mecanismo, no pagaban Ganancias las guardias de los médicos (en dos decretos sucesivos), sin embargo me critica. Por qué si él lo hace pretende que yo no lo haga”.
Además, recordó que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la homologación del Sistema Integral para los Empleados Públicos Nacionales, determinó que el 60% del sueldo no pagaba Ganancias. “Macri lo modificó el año pasado, el 868/16 estableció que el 61% era responsabilidad funcional y por lo tanto estaba excluido de Ganancias, y pagan, los empleados nacionales -de ese convenio-, solo sobre el 39%. Lo mismo pasa con ANSES, que también tiene un convenio que establece que la responsabilidad funcional no paga ese impuesto y eso hace que pague sobre una pequeña parte del total de la remuneración”, amplió.
“Dujovne, que pide declarar inconstitucional el decreto que yo firmé y que me va a demandar, cobra con una excepción mayor que la que yo consentí. Los funcionarios nacionales cobran sueldos más altos que los funcionarios provinciales y pagan proporcionalmente menos impuesto. Y no es verdad que los funcionarios provinciales duplicaron sus haberes”, sostuvo el gobernador.
Verna contó que hubo una reunión donde el tema se discutió entre miembros de dos partidos en alianza política “uno de los integrantes de la reunión se opuso, diciendo que era una medida en favor de los trabajadores. Entonces hubo dirigentes políticos que comunicaron la noticia a Buenos Aires para que fuese publicada”.
En relación al diálogo con gente de Nación respecto al Decreto, el gobernador informó que habló con gente de la DGI, quienes sostuvieron que “ellos hace 8 meses informaron al administrador Federal de Ingresos Públicos que las provincias liquidaban Ganancias de manera distinta, que los organismos nacionales liquidaban, entre sí, de maneras distintas, y que eso había que resolverlo”.
Cuando salió la noticia de La Pampa, “le volvió a elevar una nota diciendo que él creía que la salida no era por la vía punitiva de demandar a la Provincia, sino de construir un acuerdo político en el que todas las provincias y todos los organismos del Gobierno nacional y la Justicia, porque la Justicia de casi todas las provincias liquida de la misma manera que nosotros proponemos en el Decreto, deberían ponerse de acuerdo y fijar una sola manera de liquidar salarios y decir cuál es la responsabilidad funcional sobre la que no se aplica el impuesto a las Ganancias”.
Verna sostuvo que la crítica es por su oposición al voto electrónico “lo que enojó al Gobierno nacional. Yo no fui al pacto energético, y no es como dice el funcionario nacional (Daniel) Redondo (coordinador del Acuerdo Federal de Energía), quien pasa la cláusula 8 y primero dice que no hay conspiración contra La Pampa, el funcionario, que mandó la nota a El Diario, dijo que eran medidas que conspiraban contra los intereses de la Provincia. En segundo lugar, él dice que el funcionario salió a dar la explicación de porqué yo no había ido. Eso es mentira, o miente o no sabe, porque el que le dio la explicación a Aranguren de porque La Pampa no adhería al convenio fue el vicegobernador Mariano Fernández, cuando estaba a cargo del Ejecutivo, y habló personalmente con el ministro para explicárselo”.
Continuando con la explicación, el mandatario pampeano agregó: “él habla del artículo o inciso por el que dice se rigen los convenios entre la Nación y las provincias, por la ex Ley 17.319, que es la vieja Ley de Hidrocarburos y las modificaciones ocurridas. La última modificación es la Ley 27.007, en la misma se dice que las provincias no pueden tener empresas petroleras estatales, se dice que cuando uno renueva un área, la regalía que cobraba Nación era el 12%, la que tiene que cobrar la provincia es el 15%, por 10 años, y si la renueva por otros 10 años puede cobrar al 18%. Nosotros en La Pampa tenemos áreas que pagan el 35%, que hemos renovado y pagan el 35%, ¿cómo voy a adherir a una Ley que me baja la recaudación a la mitad?”.
Desde que Verna está en el Gobierno, todas las áreas que el Estado pampeano ha recuperado para sí, o que hay que prorrogar, se dan a la empresa estatal Pampetrol, que tiene representación de miembros del partido político de la oposición “Esta es una empresa estatal que ha logrado aumentar las regalías a pesar de que bajó el precio del petróleo, lo que implica que se aumentó la producción. Ha logrado aumentar las reservas y tener ganancias; ese esquema que funciona perfecto, si yo firmo el convenio, lo dejo de lado y puedo no tener una empresa estatal, ¿por qué no vamos a tener los pampeanos una empresa estatal que nos va a permitir generar renta petrolera?”, expresó el gobernador.
Además, el artículo dice que las sucesivas adjudicaciones deben ser licitadas en forma clara y transparente con pliegos que hace Nación, “¿ustedes creen que es más claro el pliego que hace el ex ceo de Shell que los que hace Pampetrol?, donde hay representantes de la oposición, donde esos pliegos los revisa una Comisión con integrantes del Poder Ejecutivo, representantes de las bancadas del parlamento y hasta ahora salieron todos por unanimidad, más trasparente que eso no hay nada. Por último, hay una trampa que Redondo se olvida de contar, lo primero que hizo Aranguren fue llamarnos para que designáramos un director en YPF, y cuando se estatizó YPF, las provincias firmaron un convenio en la OFEPHI por el cual adquirían el 49% de las acciones y lo caucionaban a favor del Estado, es decir que el Estado nacional votaba por las provincias por ese 49%. A La Pampa le tocaba el 0,55 (porque era por producción), como se pagó 10 mil millones de dólares por la empresa, La Pampa hubiese tenido que pagar 50 millones de dólares. Ninguna provincia puso plata, lo pagó todo Nación.
La Pampa no ratificó en la Legislatura ese convenio, que el gobernador anterior firmó en la OFEPHI, por lo tanto, para nosotros, no era obligatorio. Si designo un director, lo hago obligatorio y La Pampa pasa a deberle al Estado nacional 50 millones de dólares. Entonces cuando me siento a discutir con Frigerio, con ANSES, por la plata que nos deben por aportes o por el déficit de las cajas previsionales, tenría que esperar que me saquen 50 millones de dólares y yo no quiero deberle a la Nación, no le debemos, no le queremos deber, lo que queremos es que nos pague”, resaltó.
Subsecretaría de Hidrocarburos: “Cuando lo que se calla es más de lo que dice” Con el propósito de hacer llegar información fidedigna adonde corresponde, es decir, a las personas que legítimamente pudieron preguntarse por qué La Pampa no suscribió el Acuerdo Federal Energético, el viernes 21 se presentó un comunicado oficial desde la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería Provincial.
El día 24, el coordinador del Acuerdo Federal de Energía, Daniel Redondo, expresó públicamente que la redacción del comunicado oficial era incorrecta.
La réplica del funcionario nacional consistió en una cita sobre la cláusula 8va del Acuerdo, y sobre algunos de los datos brindados en términos generales al momento de comunicar la no adhesión -por parte de La Pampa- al Acuerdo Federal de Energía.
Llevada la cuestión al plano literal es necesario profundizar en las claves de la problemática de un acuerdo con buenos fines pero con malos medios, o de un acuerdo con ropaje federal pero espíritu centralista.
La cláusula 8va dice que “el PEN definirá la política nacional en materia de hidrocarburos en coordinación con las provincias (...) según lo establecido en la Ley 17.319 y sus modificatorias”.
Lo que no dice es que una de “sus modificatorias” es la Ley 27.007 (llamada por algunos “Ley Chevron”, y a la cual La Pampa nunca adhirió) que limita y condiciona a las provincias en su carácter de titulares del dominio de sus hidrocarburos al pretender: 1. Un máximo de regalías del 18 % excluyendo cualquier otro ingreso, 2. La prohibición de establecer áreas reservadas a empresas provinciales con participación estatal, 3. La aplicación de un pliego modelo ajustando, desde la ex-Secretaría de Energía, las condiciones e ingresos de las provincias licitantes.
Precisamente, la provincia de La Pampa, durante el año 2016, posicionó a Pampetrol SAPEM como empresa petrolera estatal que gestionó contratos con regalías del 35 %, obteniendo, además, utilidades por 120 millones de pesos en el ejercicio indicado, hecho que bajo las pautas que pretende consolidar este Acuerdo no hubiera sido posible.
Por otra parte, también se ha dicho, desde el organismo nacional, que en la cláusula 8va del AFE “nunca se menciona la palabra ‘regalías’".
Lo que no se dice es que la cláusula 9na si habla de regalías y, además, pretende asegurar “...que las nuevas normas y programas que dicten las autoridades en materia energética no distorsionen las disposiciones legales sobre regalías u otros ingresos provinciales”.
Esto significa un avance sobre los ingresos de las provincias que aparece solapado en el cuerpo del acuerdo, y que debió ser mencionado en la réplica, que Redondo hizo del día de ayer, para mayor conocimiento, en vez de negar la existencia de la palabra “regalía”, porque es vital para interpretar el acuerdo en su totalidad. La cuestión impositiva tiene que ver con las autonomías provinciales y no debe discutirse en cláusulas ocultas o ambiguas.
Entonces se dice -en estos ámbitos- que los impuestos provinciales (que en muchas provincias rara vez superan el 15 % entre regalías e ingresos brutos) deben reducirse y ajustarse para no perjudicar las inversiones, pero no se dice que el Estado Nacional, a través del IVA, el impuesto a las Ganancias, los débitos y créditos, y los derechos de exportación, capta más del 60 % de la renta sin tener el dominio del recurso.
Es necesaria una planificación energética sustentable, como también lo es generar previsibilidad y transparencia en toda cuestión estratégica vinculada a la soberanía energética, pero sin desmerecer los principios federales de la Constitución Nacional, sino por el contrario, construyendo consensos que tiendan a perdurar en el tiempo para alcanzar las metas que nos debemos como país.
El fracaso de la planificación (o ejecución) de las políticas energéticas del pasado no puede endilgarse a las provincias, y menos aún pagarse con sus arcas; deben asumirse principios de justicia que las protejan como titulares del recurso y mayores aportantes de energía en vez de castigarlas como variable de ajuste para atraer inversiones.
La imposibilidad de dar seriamente esta discusión en el seno de los acuerdos federales, en los que no existe lugar para la protección y el respeto por las particularidades de nuestra provincia, no hacen propicia la posibilidad de la adhesión.
