El supermercado permanece cerrado por refacciones. El jefe de Relaciones Laborales de Santa Rosa quedó envuelto en una ola de rumores sobre un supuesto pedido de coimas y lo echaron. En la Justicia, una fiscala archivó la investigación que él mismo propició para intentar deslindar responsabilidades.
El Gobierno Provincial echó de su cargo al funcionario que se había presentado en la Justicia para pedir que investiguen si había pedido una coima. Según pudo confirmar El Diario, el 17 de febrero último el gobernador Carlos Verna firmó el decreto 278, por el cual se apartó de la función de delegado de Relaciones Laborales de Santa Rosa a Cristian David Jiménez.
De esa forma, Jiménez quedó fuera de la función pública. De todos modos, hace dos semanas, la fiscala Cecilia Molinari había archivado la causa judicial que se inició a partir de que el propio funcionario solicitara que se investigue si pidió coimas a un comerciante de nacionalidad china, que tiene un supermercado en la esquina de González y Quintana. Al local lo habían inspeccionado el año pasado y el comerciante se negó a pagar para evitar una clausura.
El decreto de Verna fue publicado en el Boletín Oficial del pasado 24 de febrero: “Revócase a partir de la fecha el Decreto Nº 121/15 y en consecuencia rescíndase los servicios prestados por el señor Cristian David Jiménez al cargo de delegado de Santa Rosa, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Capacitación”.
Según confirmaron fuentes judiciales a El Diario, Molinari no encontró pruebas para imputar al ahora exfuncionario. De acuerdo a fuentes judiciales, Jiménez se había presentado en el Ministerio Público Fiscal alrededor del 20 de febrero. Adujo que se había enterado de los rumores y comentarios que corrían, acerca de que el propietario del comercio manifestaba que le habían pedido coimas.
A partir de esa situación, la fiscala inició una investigación preliminar. En primer lugar, citó al comerciante, quien declaró que el año pasado habían realizado una inspección en su comercio. Dijo que a principio de año lo habían citado en Relaciones Laborales y varias veces lo fueron a ver al negocio para decirle que tenía que pagar una suma de dinero determinada para que no le clausuren el local, exigencia a la que él se oponía vehementemente.
Según declaró el comerciante chino en primera instancia, había filmado los pedidos de pago con su celular y también a través del sistema de circuito cerrado instalado en el local por seguridad. Además, brindó el nombre de un testigo de los hechos. La versión ante los funcionarios judiciales dejó dudas respecto a si le exigían una coima o, en realidad, que abonase una multa.
Cuando la fiscala citó al testigo, esa persona afirmó que no tenía conocimiento del hecho investigado. Además, el comerciante tampoco aportó el resto de las pruebas que había sugerido: dijo que la grabación de seguridad se había borrado porque el sistema regraba la cinta cada tres o cuatro días y, además, que la filmación del celular se había estropeado porque el aparato se le cayó al agua.
Ante ese panorama, confirmaron las fuentes judiciales, Molinari consideró que no había elementos para imputar a Jiménez y archivó la causa. Desde hace dos semanas el comercio, que había enfrentado una inspección el año pasado, tiene sus puertas cerradas. Un cartel pegado en la puerta de ingreso del negocio indica que no está abierto porque se iniciaron refacciones edilicias en el interior de la construcción.
