El subsecretario del Niñez, Adolescencia y Familia de La Pampa, Juan Pablo Bonino, se pronunció en contra de bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad para menores que cometan delitos, como pretende el Gobierno nacional. De esta manera, la Provincia fijó su posición en contra respecto de un tema que genera controversias en el poder político nacional.
El funcionario consideró que jurídicamente habría "enormes impedimentos legales" para aprobar una baja en la imputabilidad, en función de convenciones y observaciones de Derechos del Niño que se oponen a una medida de esa naturaleza, además de normas y convenciones que forman parte del cuerpo constitucional argentino.
"Existiría la posibilidad de que una modificación así sea declarada inconstitucional en diferentes ocasiones, pero por ahí lo que más nos preocupa es el costado ideológico que envuelve", alertó el abogado.
El anuncio sobre la necesidad de enviar un proyecto de ley al Congreso para bajar de edad de imputabilidad fue realizado hace unos días por el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. "Nos encontramos con esta idea lanzada por Garavano, desde un área que no es de su competencia y que no resiste ningún argumento lógico no teórico y sólo encuentra argumentos en algún posicionamiento ideológico", disparó el pampeano.
Opinó que el proyecto nacional es "exclusivo y excluyente" y está destinado a favorecer a ciertos sectores porque genera exclusión en muchos otros. "A mí me llama poderosamente la atención haber escuchado discursos de políticos muy importantes, como el de la diputada Lilita Carrió, que fundamenta la modificación en que los niños y adolescentes son carne de cañón de las bandas criminales. Si esto fuera así, aunque no niego que algún caso pueda haber, desarticulemos las bandas criminales pero no criminalicemos a los niños y adolescentes", propuso Bonino, en diálogo con Noticiero 3.
Dijo que no existe ningún estudio serio que demuestre que la incidencia de delitos cometidos por adolescentes sea sustancial. "Si uno recurre a las estadísticas nacionales, no superan el uno por ciento".
En La Pampa, concretamente, precisó que hay unas cien mil personas de 0 a 18 años y que la cantidad de delitos cometidos por esa franja etaria no supera las veinte causas penales, en su mayoría no graves.
A su entender, no es casual que estén debatiendo en el ámbito nacional una reforma del Régimen Penal Juvenil, con el foco puesto solamente en la baja de la edad de imputabilidad para evitar cambios esenciales. Recordó que Argentina tiene una ley juvenil, la 22287, que es de la época de Facto y no resiste ninguna de las normativas internacionales a las que el país se encuentra adherido. "Es una ley inconstitucional, cuya reforma ha tenido demasiados intentos en vano porque todo se ha terminado reduciendo a una baja en la edad de imputabilidad", planteó.
Puntualizó que no modificar esta ley implica que se siga teniendo adolescentes sometidos a procesos penales sin ningún tipo de garantía, incluso menos que los adultos. "Uno se encuentra con adolescentes de 16 y 17 años privados de su libertad, imputados de delitos que si hubieran sido cometidos por adultos estarían libres".
"Esto me hace pensar que lanzar esta idea tiene que ver con un discurso ideológico. Pero además con una necesidad de frenar una modificación esencial, de fondo, para poder trabajar con la adolescencia desde otro lugar, como un sujeto de derecho, integrado, e invertir en programas para reinsertarlos y no en cárceles para privarlos de su libertad", dijo.
Finalmente, insistió con que el proyecto tiene que ver con una clara política nacional. "Se apunta a excluir y ver cómo los excluidos no molestan. Para eso, la forma más sencilla es encerrarlos".
