Juicios por jurado, división operativa de las áreas de la fiscalía y defensa (hoy bajo la conducción conjunta de la Procuración) y mayor capacitación y contacto entre los operadores judiciales de las diferencias circunscripciones judiciales. Esos fueron los principales sugerencias / pedidos que elaboraron especialistas de otras provincias que realizaron el informe final del llamado Plan de Monitoreo para las Circunscripciones de Santa Rosa, General Pico y General Acha.
La presentación del trabajo se realizó en la tarde de hoy en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam.
En primer lugar, hablaron el decano de la facultad, Oscar Daniel Alpa; el ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia, Pablo Daniel Bensusan, y el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Losi, y el vicedecano Francisco Marull. Todos resaltaron que el trabajo dará una pauta sobre las falencias y fortalezas del sistema judicial actual.
Posteriormente la directora del informe, la abogada Leticia Lorenzo, y el auditor externo del informe, Mauricio Duce, realizaron la presentación de los aspectos técnicos que surgen del monitoreo.
El monitoreo se desarrolló mediante un convenio firmado por la facultad y el Ministerio de Gobierno y Justicia de La Pampa. El objetivo fue analizar la marcha del actual Código Procesal Penal de la provincia sancionado el 7 de septiembre de 2006 mediante Ley 2287 y que entró en vigencia el 1º de marzo de 2011, conforme la Ley 2586.
Esta reforma tuvo su origen en un proyecto de investigación de la Facultad. Con los resultados, se podrán hacer desde el Poder Judicial modificaciones y correcciones en el CPP y su aplicación.
¿Qué dijo Lorenzo? “Uno de los grandes problemas el sistema judicial pampeano, como en otros sistemas, tiene que ver con la poca posibilidad de compartir información interinstitucional”, sostuvo. “Es decir no hay un espacio interinstitucional, en el que se sienten periódicamente a revisar prácticas”, manifestó.
“Cuando uno mira solo hacia adentro, uno tiende a pensar que todos los males están afuera. Si hablo con los jueces, hablan, por ejemplo, de lo mal que trabajan los fiscales. Los fiscales se quejan de los defensores, que no quieren acordar. Los defensores, a su vez, hablan de lo poco garantistas que son los jueces y dicen que los fiscales son unos extorsionadores porque quieren siempre arreglar… Si hablo con las oficinas judiciales, dicen todos son un desastre porque no llegan a tiempo a las audiencias…”, contó. “Igual, en general, la visión de la reforma es altamente positiva”.
Dijo que se debería implementar una reforma legislativa. Dos son los temas principales a cambiar. Uno de los pedidos centrales que hicieron en este trabajo tiene que ver con un viejo reclamo de los defensores: su autonomía. “Es necesaria la separación de la defensa pública de la acusación, que tienen intereses opuesto”, dijo. “Ya deberían darle autonomía”, dijo. Actualmente los defensores dependen del jefe de los fiscales.
Otro de los reclamos es la implementación en La Pampa del juicio por jurado. “Es un mecanismo ordenador del sistema. Si hay que pensar en una reforma legislativa, es implementar el juicio por jurado”, manifestó.
Por otra parte, sostuvo que, a partir de este monitoreo, es necesaria de la creación de una unidad de implementación: debe haber una instancia de discusión sobre las prácticas y la gestión en cada circunscripción judicial.
“No sirve de nada tener un operador en Acha, solo, que haga muy bien su trabajo. Si no hay espacios de encuentro, no hay consenso en las prácticas. Pequeñas prácticas como el formato en el que se inician las audiencias de formalización...”, dijo. “Hoy se trabaja en forma diferente.
Por eso es necesario simplificar procesos, capacitarse y generar espacios de encuentro e intercambio”.
“Además hace falta mucha más reglamentación para establecer protocolos. Si no, dejo demasiada flexibilidad para que cada oficina pueda actuar a su manera. Si no lo tengo, genero diferencias que se transmiten hacia abajo”, manifestó.
