El diputado Roberto Robledo (PJ) argumentó que “esta nueva medida tomada por el actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri, abre las puertas a los negocios inmobiliarios de las personas físicas y jurídicas de origen extranjero”. “En el año 2011, por medio de la participación de todas las fuerzas política el Congreso de la Nación Argentina, sancionó una ley la cual fijaba pautas claras con respecto a la compra de tierras en nuestro territorio por parte de capitales extranjeros”, recordó.
“Creo fervientemente, que nuestra legislatura debe expresarse en este sentido, no podemos de ninguna manera aceptar, que nuestro territorio sea vendido o entregado a manos extranjeras. Esto tiene que ver principalmente con nuestro sentido de pertenencia, que no nos sometan, ni nos metan en la cabeza que las inversiones que necesita nuestro país, vendrán a través de la venta o el despojo de nuestras tierras”, agregó. Robledo terminó revelando que “300 mil kilómetros cuadrados está en manos extranjeras, según la Federación Agraria.”
La diputada Díaz manifestó el rechazo de su bloque a esta iniciativa diciendo que “algunos con la picardía de la chicana política, lejos de analizar el contenido del decreto reglamentario, califican a un decreto reglamentario de avasallamiento de las legislaciones vigentes, sin dedicarse analizar seriamente las cuestiones técnicas del mismo que viene a dar respuestas a los vacios legales que dejo el decreto reglamentario del 2012”.
“A partir –continuó Díaz- del aporte de este nuevo decreto reglamentario se le autoriza a cada provincia a que remita una propuesta al Consejo Interministerial de Tierras Rurales, en la que dictara una resolución en la que incluya y o modifique, según el caso las equivalencias de todas las provincias, de modo tal que dicho limite sea razonable, tanto analizado en forma independiente por tipo de explotación, municipio, departamento y provincia, como en forma conjunta a nivel nacional”.
Robledo volvió a intervenir para decir que los argumentos que presentó para justificar su proyecto se basan en estadísticas que exhibió la Federación Agraria para oponerse también al decreto y reveló que y hubo extranjeros que están averiguando para comprar tierras en el oeste pampeano en el convencimiento de que por una cuestión de precios, en Estados Unidos no podrían comprar ni el 10% por ciento de las que podrían comprar en La Pampa.
De la controversia también participó el diputado Marín diciendo que “la diputada plantea una discusión constitucional, porque el decreto, modificando el tope del 35% al 51% vulnera el espíritu de la ley” y también hay una discusión ideológica porque “se dice que sólo un 6% del territorio está en manos extranjeras pero es un promedio, porque el 13% de Misiones está extranjerizado, también el 13% de Corrientes y en La Pampa, el 15 % del departamento Loventuel tiene dueño extranjero”. “No tenemos que quedarnos en paño menores en cuanto a la posesión de la tierra, para supuestamente facilitar la llegada de inversiones. Es sugestivo que este decreto lo firmara el presidente Macri poco después de la visita a nuestro país del presidente de Estados Unidos. “La decisión del presidente fue inconsulta, esperemos que si el Congreso rechaza este decreto, el presidente no vete ese rechazo”, destacó Marín.
