“DIA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL” El diputado Eduardo Tindiglia (Nuevo Encuentro-FpV) presentó un proyecto de ley solicitando la adhesión de La Pampa a los principios y disposiciones establecidos por la Ley Nacional 26.811 que instituye el 8 de mayo como “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional”, con el objetivo de promover la toma de conciencia en los agentes y funcionarios públicos del Ministerio de Seguridad de la Provincia sobre la necesidad de adoptar políticas públicas que cumplan con estándares mínimos de derechos humanos.
Con la iniciativa, se pretende que el Ministerio de Educación sume al calendario escolar jornadas vinculadas a la cuestión y que la cartera de Seguridad realice actividades de concientización y debate para “capacitar y formar a los agentes del Estado en la conciencia contra la violencia institucional” y “consolidar la concepción democrática de la seguridad respetando la plena vigencia de los Derechos Humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y el ejercicio pleno de los derechos en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.
Por otro lado, en su proyecto Tindiglia también propuso crear en el ámbito de la Secretaría de Derecho Humanos “un Registro de actualización permanente y acceso público irrestricto, donde consten los hechos de violencia institucional sucedidos en nuestra provincia, con información de las víctimas y situación de las causas. Se establecerá una señalización y/o intervenciones artísticas en los sitios dónde se perpetraron hechos de violencia institucional, con el objeto de mantener viva la memoria colectiva sobre tales episodios”.
Al fundamentar el planteo, el diputado del Frente Pampeano para la Victoria explicó que “debemos tomar conciencia que el Estado ejerce el monopolio de la fuerza pública, y es la institución moderna que ha producido más víctimas por muerte violenta en toda la historia de la humanidad” y advirtió que “desde la recuperación de la democracia hasta la fecha de sanción de la ley, se comprobó la muerte de, al menos, 1900 personas como consecuencia de la violencia estatal”.
Se tomó el 8 de mayo como Día de la Lucha contra la Violencia Institucional porque indica el momento en que ciertos colectivos sociales tomaron conciencia del problema a raíz de la llamada “masacre de Ing. Budge”, sucedida ese día de 1987, cuando tres jóvenes humildes que estaban tomando cerveza en una esquina del barrio fueron acribillados a balazos por dos suboficiales de la Policía de Buenos Aires.
" El protagonismo que cobraron los reclamos de los deudos y los vecinos en Ingeniero Budge marcó un hito en la conciencia popular sobre la necesidad de visibilizar, desnaturalizar y prevenir la violencia institucional. Por la conciencia popular despertada por ese hecho aberrante es que se elige esa fecha para conmemorar la lucha contra la violencia del Estado”, afirmó el diputado.
Además, Tindiglia recordó el caso de Walter David Bulacio, secuestrado por la Policía y torturado hasta que resultó muerto, tras haber concurrido a un recital de los Redonditos de Ricota el 19 de abril de 1991 en Capital Federal. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sentó jurisprudencia internacional sobre la ilegalidad y arbitrariedad de los procedimientos policiales, originando la responsabilidad del Estado Argentino frente a la OEA.
“La Pampa tiene su propia historia de violencia institucional", dijo el diputado, recordando el caso de “Chami” Fernández (17 años), muerto el 23 de noviembre de 2009, quemado en una celda de la comisaría 4° de General Pico, tras ser detenido el día antes a la salida de un boliche, y un hecho por el que tres policías involucrados fueron absueltos. También se refirió al caso de Maximiliano Cruz (19 años), asesinado el 2 de enero de 2015 cuando la policía entró a la casa de su familia y lo balea en el pecho.
Por último, agregó Tindiglia, "cabe recordar el episodio reciente que le costó la vida a Santiago Garialde, y heridas a su compañero de caza Andrés Casabonne. El hecho de que no tengamos en nuestra provincia un registro preciso y público de sucesos violentos contra la población de parte de las fuerzas de seguridad, muestra que estos episodios se encuentran invisibilizados y el objeto de este proyecto es precisamente revertir esta situación a través de la toma de conciencia en todas las formas posibles, como modo de prevenir fenómeno tan lesivo para las personas"
