La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación, presidida por el senador Fernando (Pino) Solanas, aprobó un dictamen de comisión al proyecto 1712/16, por el que se dirige al Ejecutivo Nacional para que convoque a Mendoza y La Pampa a constituir un comité de cuenca para el manejo del río Atuel.
La iniciativa, de autoría de la senadora Norma Durango y al que adhirieran sus pares Daniel Lovera (PJ), Juan Carlos Marino (UCR), Pino Solanas (Proyecto Sur), Silvina García Larraburu (FpV) y Marcelo Fuentes (FpV).
Acompañaron el dictamen los siguientes legisladores: Nancy González (FpV-Chubut), Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca), Magdalena Odarda (Frente Progresista Río Negro), Gerardo Montenegro (Frente Popular Santiago del Estero), Silvia del Rosario Giacoppo (UCR- Jujuy); Juan Manuel Abal Medina (FpV - Buenos Aires); Alfredo Héctor Luenzo (Chubut Somos Todos); Alfredo Anselmo Martínez (UCR-Santa Cruz) y; Marta Varela (Unión PRO- CABA).
En su iniciativa, Durango propone que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de las áreas ministeriales competentes, convoque a las provincias de La Pampa y Mendoza para que, juntamente con el Estado Nacional, constituyan el Comité de la Cuenca del Río Atuel, organismo interjurisdiccional a cuya competencia los estados ribereños se someterán respecto de cualquier forma de utilización del agua de dicho curso.
En su fundamentación, Durango dijo: "La iniciativa tiene por objeto peticionar al Poder Ejecutivo el impulso de la conformación del Comité de Cuenca del Río Atuel, en el entendimiento de que las diferencias que históricamente ha mantenido mi provincia, La Pampa, con Mendoza, por el uso que esta última hace del curso de agua, podrán superarse a partir del desarrollo de regulaciones que se asienten sobre su interjurisdiccionalidad. En esa convicción, proponemos recurrir a la constitución de un organismo que, enrolado en el federalismo de concertación, al que fuertemente adherimos, nos permitiría abandonar confrontaciones que no hicieron más que alejarnos de las soluciones que creemos, acaso tozudamente, podríamos haber alcanzado a través del consenso".
La senadora admitió que su iniciativa no es novedosa. "En efecto, en el conflicto pampeano-mendocino por las aguas del Atuel, a lo largo de su historia, ya se han ensayado ejercicios de negociación. Es cierto que esas experiencias, lamentablemente, han sido infructuosas. Último ejemplo de ello fue el Convenio Marco entre la Nación y las Provincias de La Pampa y Mendoza, celebrado en el año 2008 y cuya perfección finalmente no se concretó por la falta de ratificación del Poder Legislativo del estado cuyano", recordó.
"Pero no menos cierto es que tampoco la solución jurisdiccional pudo zanjar el diferendo. El fallo dictado en el histórico pleito que protagonizáramos en los estrados de la Corte Suprema no fue menos ineficaz que el diálogo para dirimir la controversia. En ese contexto y pese a que todavía se sustancia un nuevo proceso en la órbita del máximo tribunal, es posible afirmar que ambas vías, hasta ahora, nos han llevado a la frustración de no ver satisfechos nuestros respectivos intereses", agregó Durango.
Y añadió: "Es por ello que, desde aquí, invitamos a elegir la concertación en el manejo de nuestro río común, aun sabedores de que el esfuerzo que demanda esa vía no nos garantiza el éxito. Pero los daños sufridos durante todos estos años han sido demasiados como para que pampeanos y mendocinos no le demos una nueva oportunidad a la conciliación".
"En el balance de los perjuicios, los pampeanos hemos llevado, evidentemente, la peor parte. Nuestra región del oeste se encuentra totalmente marcada por la erosión y el deterioro de los suelos, la pérdida de los cauces, la escorrentía intermitente de aguas con alta salinidad, la reducción y pérdida de flora y fauna, la disminución de la capacidad ganadera, la escasa producción agrícola esencialmente de subsistencia y la reducción de las actividades comerciales, son algunos de los efectos de la devastación sufrida", concluyó su fundamentación.