La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas asevera que el sistema universitario debe “ponerse en alerta” ante una ofensiva tendiente a “poner en discusión las atribuciones de las universidades” para la expedición de títulos habilitantes para el ejercicio profesional”.
El gobierno nacional inició una ofensiva sobre la autonomía universitaria, según denunció la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa al referir puntualmente a un programa del Ministerio de Justicia. La unidad académica reclamó que el sistema universitario se ponga en “alerta” para ponerle freno a esa tendencia a “poner en discusión las atribuciones de las universidades” para la expedición de títulos habilitantes para el ejercicio profesional”.
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam expresó su “preocupación por las injerencias a la autonomía universitaria” que se desprende de uno de los puntos del Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación.
El Consejo Directivo decidió expresar con una resolución su “rechazo” a la “pretensión del programa nacional Justicia 2020 que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, encabezado por el ministro Germán Garavano, de poner en discusión los alcances de la habilitación profesional que brindan las Facultades de Derecho”.
El cuerpo advirtió sobre “la pretensión de promover una acreditación posterior de la aptitud profesional a los graduados en la carrera”, pero por sobre todo como un “avance sobre la autonomía y las facultades de las Universidades y que debe ser tenido como una señal suficiente para poner al sistema universitario en general en estado de alerta”.
El CD, según explica un documento de la Facultad difundido este sábado, tomó como base la declaración del Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales, que integra el decano Oscar Alpa por La Pampa.
El 25 de abril, durante una reunión del Consejo Permanente de Decanos en el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación se presentó el Programa Justicia 2020 impulsado por esa cartera, en el que se incluye un objetivo referido a ‘promover la habilitación profesional para el ejercicio de la Abogacía‘ a través de una acreditación posterior de la aptitud profesional a los graduados. No se aclara qué organismo se arrogaría esa potestad.
Posteriormente, en la reunión del Consejo Permanente de Decanos del 20 de mayo en Tucumán, se determinó que ese organismo ‘reivindicando la autonomía universitaria, reafirma por unanimidad su posición histórica sobre la función indelegable de las Universidades para expedir títulos habilitantes para el ejercicio profesional y expresa su rechazo a cualquier sistema que prive, limite o desconozca esta atribución. En igual sentido, este cuerpo manifiesta su oposición a cualquier mecanismo de acreditación posterior de la aptitud profesional‘.
Si bien la advertencia era sobre los títulos de Abogacía, el CD dejó en claro la “alarma” que causa “la pretensión de poner en discusión las atribuciones de las universidades” para la expedición de títulos habilitantes para el ejercicio profesional ‘lo que debe ser interpretado como una señal suficiente para poner al sistema universitario en general en estado de alerta‘, indica la resolución del CD.
