VIDEOVIGILANCIA EN WINIFREDA: IMPUESTO RETRIBUTIVO TRANSGREDE LA LEY DE MUNICIPALIDADES
El legislador cuestionó que los vecinos tengan que pagar por un servicio que debe garantizarlo la provincia a través de los impuestos que ya cobra. Alertó que la comuna no puede crear nuevos tributos sin autorización del Ejecutivo provincial.
El diputado socialista Luis Solana (Frepam) presentó en la legislatura un proyecto de resolución por el cual rechaza “la doble imposición económica” a la que se verán sometidos los vecinos de Winifreda cuando la municipalidad local, comandada por la intendenta Adriana García (PJ), empiece a cobrarles una tasa retributiva por el servicio público de videovigilancia.
El legislador denunció que la creación de dicha tasa por ordenanza municipal “va en contra” de lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento.
Por eso, rechazó la “imposición” de cámaras de videovigilancia como un servicio público ya que esta medida “transfiere parte de la seguridad al municipio cuando debe ser un servicio garantizado por el Estado provincial”, sentando “un peligroso” antecedente que se podría trasladar a otras localidades pampeanas. “Esperemos que esto no sea un plan del Ministerio de Seguridad, como parte del ajuste que se lleva adelante a nivel provincial”, advirtió.
Solana indicó que la medida “no sólo es una doble imposición económica, ya que la seguridad debe estar a cargo de la Provincia, sino un mal precedente ya que le impone a los vecinos un cobro por un servicio que se presta gratuitamente en el resto de las localidades donde funciona”.
Además, consideró que la ordenanza aprobada (por mayoría) en esta localidad “va en contra” de la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento cuyo artículo 104 determina que los municipios no pueden crear nuevos tributos sobre cuestiones o materias que no hubiesen sido especificadas en la presente Ley, sin la autorización del Poder Ejecutivo Provincial.
“No estamos en desacuerdo con que se tomen medidas para dotar de mayor seguridad a los habitantes de Winifreda, que ha sido castigada con varios hechos delictivos en las últimas semanas, pero esto no significa que el municipio deba considerar como un servicio público a la seguridad metiéndole la mano en el bolsillo al vecino por algo que ya le está cobrando la Provincia a través de los impuestos. Y esto genera un mal antecedente para otras localidades”, indicó Solana. También está en desacuerdo con que se faculte al municipio lugareño a suscribir convenios de concesión para tercerizar el control de las cámaras. Señaló que actualmente el servicio de videovigilancia en la zona urbana se presta en más de diez localidades, entre ellas, Santa Rosa, General Pico, Intendente Alvear, Macachín, Quemú Quemú, Alta Italia “sin imposición” de una nueva tasa a los pobladores.
“Intendente Alvear y Quemú Quemú son un ejemplo porque la intendencia y los vecinos se organizaron, compraron las cámaras y las maneja la policía”, destacó. “Esta doble imposición es una desviación del concepto de seguridad” e interpretó que la sanción de la ordenanza local conlleva “un acto discriminatorio para los winifredenses con respecto a sus pares del resto de la provincia, ya que deben pagar una tasa especial, creando así un doble pago de impuestos, con lo cual se abre la puerta para que ante cualquier necesidad de cualquier índole, el gobierno pueda plantear el pago de tasas retributivas para brindar servicios públicos”, finalizó Solana.
