La senadora nacional Norma Durango (PJ La Pampa) presentó un pedido de informe a Nación por los masivos despidos. Dijo que las desvinculaciones se están produciendo en un "contexto de total arbitrariedad", "irrespeto absoluto" y "maltrato" hacia los trabajadores.
La legisladora advirtió de uno de los aspectos "más preocupantes" que exhibe el rumbo del Gobierno nacional: la pérdida de puestos de trabajo producida en los últimos meses, tanto en el sector privado, por efecto de las nuevas medidas económicas, como en el ámbito público, a raíz de los masivos despidos de personal dispuestos en diferentes áreas del Poder Ejecutivo Nacional.
"Según trascendidos, las desvinculaciones dispuestas en el ámbito público parecieran desenvolverse en un contexto de total arbitrariedad e irrespeto absoluto hacia los trabajadores", dijo. "Trabajadoras y trabajadores con años de antigüedad y nombrados por concurso, compañeras embarazadas, madres de discapacitados, personal a los que se les prohíbe el ingreso a su lugar de tareas sin más comunicación que la que le da el personal de seguridad del edificio, son desvinculados de su empleo en un contexto donde el único principio rector pareciera ser la arbitrariedad y el maltrato", sostuvo.
"Como representantes de las provincias y como integrantes de uno de los poderes del Estado que tiene por deber velar por el bienestar de la población, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación ante las últimas decisiones del gobierno nacional en materia económica, en tanto entendemos que las mismas tienen directa influencia en los despidos y suspensiones que se vienen registrando en el trabajo privado", dijo.
"Después de años de políticas que permitieron recuperar los niveles de ocupación, tememos que las medidas que se han asumido desde la asunción del nuevo gobierno todavía no hayan mostrado sus peores consecuencias", sostuvo. "Sobre todo en el contexto actual donde reina la incertidumbre en relación a la inflación y al aumento de los precios de la canasta básica, y cuando se ha anunciado una masiva suba de tarifas de los servicios públicos esenciales para el trabajador".
La exvicegobernadora dijo que los anuncios del Ministerio de Hacienda "no son tranquilizadores" porque "las tarifas sociales previstas apenas si contemplan a 350 mil personas" en todo el país.
Dijo que hace apenas horas, el Ministerio de Modernización confirmó que en los últimos meses han sido despedidos 10921 trabajadores estatales, en lo que consideró la primera etapa de la revisión dispuesta por el Decreto 254/15. "El ministro (Andrés Ibarra) avaló la medida en la no prestación de tareas de los trabajadores despedidos, a la vez que minimizó la cuantía de las cesantías, diciendo que representan el 5 % de los empleados estatales".
Asimismo, recordó, el funcionario declaró que el 90 % de los despedidos hasta aquí habían sido contratados en los últimos tres años, que 7311 correspondieron a contratos que vencieron en diciembre del año pasado y 3610 a tercerizados, convenios con universidades y precarizados. Las carteras con más bajas fueron Interior, Desarrollo Social, Cultura, Salud y Energía.
La senadora también se quejó de los despidos en organismos nacionales de La Pampa. "Del mismo modo, en la provincia de La Pampa, de la que provengo y a la que represento, si bien no se han producido despidos en la Administración Pública Provincial, sí ha ocurrido en la Administración Pública Nacional, y entre los afectados se encuentran profesionales que trabajaban temas tan sensibles como graves, por ejemplo, la trata de personas. A su vez, las consecuencias de la política económica también se han dejado sentir en la actividad privada pampeana. Si bien no contamos con estadísticas fiables, la información suministrada por los gremios UOCRA y de Comercio, entre otros, es preocupante aun cuando las fuentes de trabajo perdidas no puedan ser cuantificables por tratarse de trabajo informal", sostuvo.
